Una de las responsabilidades que ejerce el Estado y que son de las más notorias para el ciudadano, es la construcción de obra pública, entendiendo por ésta los trabajos de infraestructura (de transporte, energética, hidráulica, de telecomunicaciones, etc.) y de edificación (de vivienda, salud, educación, comercio, recreación, etc.) que permiten que la sociedad funcione armónicamente y satisfaga sus necesidades. La obra pública generalmente involucra construcciones complejas que requieren de una importante inversión financiera, que son fuente de empleo y que deben ser estratégicamente planeadas en términos de optimización de recursos, impacto ambiental y principios de sostenibilidad y sustentabilidad.
Una de las responsabilidades del Estado es la construcción de obras públicas en beneficio de la sociedad que le da origen.
Asimismo, durante la construcción de obra, el ciudadano puede ver alterada su vida cotidiana al tener incomodidades temporales para circular con rapidez, tener dudas sobre su pertinencia, calidad o sobre la legalidad en los procesos de licitación y contratación de las empresas encargadas o tiempos de inicio y término. Preocupaciones todas legítimas al tratarse del uso de recursos públicos para beneficio colectivo.
Bajo la premisa de que la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos son conceptos que deben imperar en todos los ámbitos y niveles de gobierno, es necesario asegurar la integridad en todas las etapas y procesos relacionados con las obras públicas, desde su planeación y contratación hasta su operación y evaluación, por lo que resulta indispensable su monitoreo constante.
Ambos principios, el del interés público y el de la transparencia, podríamos decir que se reúnen en el concepto de contraloría social, esto es, la participación ciudadana, en donde son los ciudadanos mismos los que toman parte en el control y vigilancia de las acciones de gobierno, ya que ellos serán en última instancia los beneficiarios de éstas.
La contraloría social implica una forma en la que los ciudadanos pueden participar
en la supervisión de las acciones de gobierno.
Esta figura, la contraloría social, tiene más de una década de tener presencia en la administración pública mexicana en los tres órdenes de gobierno, mediante distintos esquemas que articulan la observación ciudadana, entre ellas los comités; pero también existen otros espacios de participación que buscan poner en el ojo público las acciones del Estado a favor de la ciudadanía, como una práctica de transparencia y de rendición de cuentas.
Es por ello que en el Órgano de Fiscalización del Estado de Veracruz, se han implementado diversas herramientas tecnológicas para apoyar la labor de la fiscalización, como el Sistema de Información y Gestión Municipal (SIGMAVER), el Sistema de Información Municipal de Veracruz (SIMVER) y el Sistema de Consulta de Obras y Acciones Municipales de Veracruz (COMVER), las cuales fortalecen los sistemas de control y auditoria de las diferentes instancias gubernamentales.
El ORFIS ha diseñado plataformas de información para contribuir con el principio
de máxima transparencia de las acciones públicas.
En congruencia con todo lo anterior, también se está desarrollando una herramienta tecnológica que se suma a las mencionadas y que pondrá a disposición del ciudadano información clara y oportuna sobre las obras públicas estatales, en congruencia con los principios que rigen al ORFIS: legalidad, transparencia y rendición de cuentas.
El Sistema de Información Estatal de Veracruz (SIESVER), esta nueva plataforma, permitirá que la ciudadanía conozca y de seguimiento a la obra publica realizada por el Estado, al igual que puede hacerlo con las obras y acciones municipales a través del COMVER; las obras también estaran georreferenciadas y la información contenida permitirá la practica de la contraloría ciudadana, ya que se podrá consultar fecha de inicio y conclusión de la obra, monto de inversión, tiempo de ejecución, secuencia fotográfica, además de un apartado en el que cualquier ciudadano pueda presentar una denuncia en caso de observar irregularidades.
Al igual que la mecánica del COMVER, las dependencias ejecutoras de las obras serán las responsables de la veracidad de la información registrada.
Se tratará de un sistema hasta ahora inédito en el país, que impulsará la transparencia proactiva a la que están obligados todos los entes fiscalizables.