Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz

Por una Fiscalización Superior confiable, oportuna y eficaz

Mensaje del Auditor General

  • Fecha de actualización: 08/07/2013
  • Responsable de la información: Auditor General

Mensaje del día: Lunes, 08 de Julio de 2013

Actualmente se viene dando un debate sobre el endeudamiento de los estados y municipios del país. En medio de esta discusión, considero que este es el momento en que  se debe buscar la forma de fortalecer las instituciones públicas por medio del combate a la corrupción, a través de mayores niveles de transparencia y rendición de cuentas.

Generalmente, cuando se habla de deuda pública, de manera inmediata se relaciona con deudas impagables, en algunos de los casos. Pero la deuda, en sí, no tiene porqué  ser considerada  como un problema si se  contrata de manera transparente, de cara a la sociedad y como una alternativa para  potenciar el crecimiento económico y el desarrollo social. Es decir, siempre que los recursos que se obtengan por esta vía, estén enfocados a la inversión pública productiva y no al gasto corriente.

De ahí el espíritu que se manifiesta en el artículo 117 de la  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, segundo párrafo de la fracción VIII, que textualmente dice:

“Los Estados y los Municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas, inclusive los que contraigan organismos descentralizados y empresas públicas, conforme a las bases que establezcan las legislaturas en una ley y por los conceptos y hasta por los montos que las mismas fijen anualmente en los respectivos presupuestos. Los ejecutivos informarán de su ejercicio al rendir la cuenta pública”.

El artículo 73, fracción VIII, de nuestra Carta Magna,   reafirma lo plasmado en el artículo 117, al establecer que:

“Ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos…”

En ese sentido, para lograr mejores servicios públicos (educación, salud, seguridad, entre otros) y poder alcanzar mayores niveles de desarrollo social, se requiere de una infraestructura adecuada que detone y estimule el impulso de actividades productivas. Este debe ser el sentido que legitime la contratación de deuda pública.

Adicionalmente, se deberá considerar que  esta contratación se dé  bajo ciertas condiciones básicas: capacidad de pago probada; una supervisión constante sobre el destino de los recursos contratados y revisar el alcance y pertinencia social de los proyectos a los que serán canalizados los recursos y contar con garantías que permitan su contratación en las mejores condiciones posibles, a fin de no desestabilizar las finanzas públicas.

Lo anterior, con la intención de evitar incurrir en  situaciones que pongan en riesgo el crecimiento y desarrollo del estado y los municipios. En ese sentido, el Fondo Monetario Internacional señala que el rápido aumento de la deuda pública suele lesionar la productividad de los países, recortándoles la capacidad de crecimiento y bienestar económico de la población.

La deuda pública, en un momento determinado, se puede convertir en arma de doble filo: la parte positiva, es que contribuya al financiamiento de la infraestructura que permita el crecimiento económico y el desarrollo social; o bien, el lado  negativo, cuando se contrata, sin ton ni son, sin un proyecto social debidamente fundamentado, que se convierta en una pesada carga que afecte a las generaciones actuales y futuras.  

Aunado a todo lo anterior, cada vez se hace más indispensable ganar  la confianza de la población en las instituciones. Una confianza que esté respaldada por el ejercicio de un buen gobierno que se caracterice por su honestidad y transparencia en el  ejercicio de los recursos públicos; una confianza que sea producto de una efectiva rendición de cuentas.   Así, al estimular la participación  de la sociedad, necesariamente se tendrá que  poner freno a toda conducta deshonesta,  como  la corrupción. Una vez logrado lo anterior, la gestión de las instituciones públicas se verá reflejada en mejores condiciones de vida para la sociedad en general.

De aquí la importancia de que nosotros, en el Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz (ORFIS), nos solidaricemos con el interés de la Auditoría Superior de la Federación de implementar, en el ORFIS,  la herramienta IntoSAINT (*), que permitirá sensibilizar al personal para que actúe de manera íntegra dentro y fuera de su área de trabajo, con la finalidad de preservar una buena imagen de los servidores públicos ante la sociedad, y ante los Entes Fiscalizables.

Bien dice el adagio: “hay que predicar con el ejemplo”.

Reciban un cordial saludo, y deseo tengan un excelente inicio de semana.

  

 

(*) IntoSAINT (Auto Evaluación – Integridad) es un instrumento para la auto-evaluación que las Entidades Fiscalizadoras Superiores Locales, pueden aplicar para analizar sus riesgos de integridad y para evaluar el nivel de  madurez de sus sistemas de información de integridad. 

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