Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz

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Mensaje del Auditor General

  • Fecha de actualización: 12/09/2016
  • Responsable de la información: Auditor General

Mensaje del día: Lunes, 12 de Septiembre de 2016

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con fecha 5 de septiembre del año en curso, resolvió el Juicio de Amparo número 56/2016, promovido por la Procuraduría General de la República.

En dicha sentencia se dejaron sin efectos los decretos números 880, 881, 882, 883, 887 y 892, emitidos por el H. Congreso del Estado de Veracruz, y que se refieren a lo siguiente:

  • * DECRETO 880, publicado en la Gaceta Oficial del Estado número extraordinario 232, de fecha 10 de junio de 2016, el que adicionaba dos fracciones al artículo 33 de la Constitución Política del Estado; en primer término, facultaba al H. Congreso del Estado para designar al Titular de la Contraloría General del Estado, a propuesta del Gobernador del Estado, con la aprobación de las dos terceras partes de sus integrantes. En segundo término, facultaba al H. Congreso del Estado para expedir la legislación en materia local anticorrupción, a través del Comité Coordinador Anticorrupción, que tendría como objetivo instaurar el Sistema Local Anticorrupción; asimismo, refería cómo se integraría dicho Comité Coordinador.
  • DECRETO 881, publicado en la Gaceta Oficial del Estado número extraordinario 232, de fecha 10 de junio de 2016, el cual adicionaba cuatro párrafos al final de la fracción I del artículo 67 de la Constitución Política del Estado, creando la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, adscrita a la Fiscalía General del Estado. Establecía que su Titular debía ser nombrado por las dos terceras partes de los integrantes del H. Congreso del Estado, previa convocatoria pública que se emitiera para el efecto. Asimismo indicaba la duración en el cargo de cinco años, la objeción de la designación por parte del Ejecutivo y lo relativo a la remoción del Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción.
  • * DECRETO 882, publicado en la Gaceta Oficial del Estado número extraordinario 234, de fecha 13 de junio de 2016, que reformaba los artículos 76 y 78 de la Constitución Política del Estado, que se referían al desafuero de algunos servidores públicos, limitando quiénes debían ser sujetos al Procedimiento de Declaración de Procedencia, para determinar si había lugar a proceder por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo público, en dicho procedimiento ya no se contemplaba al Gobernador del Estado, los Secretarios de Despacho, el Contralor General, los Presidentes Municipales o de Consejos Municipales y los Síndicos, y los Consejeros del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, los cuales quedaban sin la protección del fuero constitucional.
  • * DECRETO 883, publicado en la Gaceta Oficial del Estado número extraordinario 234, de fecha 28 de junio de 2016, el mismo que reformaba el artículo 51 de la Ley 584 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas, con respecto al plazo para la entrega del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior por parte del ORFIS, dicha reforma señalaba que el referido Informe debía entregarse a más tardar el día 15 de octubre del año de la presentación de las Cuentas Públicas, con lo cual se pretendía flexibilizar la entrega, al no precisar en qué momento debía presentarse, sino únicamente la fecha límite. Al anularse el decreto la entrega del Informe del Resultado deberá realizarse dentro de los primeros quince días del mes octubre.
  • * DECRETO 887, publicado en la Gaceta Oficial del Estado número extraordinario 234, de fecha 28 de junio de 2016, el que adicionaba diversas disposiciones a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, relacionadas con la creación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, las atribuciones en materia de Combate a la Corrupción, el nombramiento y remoción del Titular de dicha Fiscalía.
  • * DECRETO 892, publicado en la Gaceta Oficial del Estado número extraordinario 262, de fecha 01 de julio de 2016, el cual reformaba la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, contemplando atribuciones para el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en materia anticorrupción, creando para el efecto una Sala Especializada en Materia Anticorrupción, compuesta de 3 magistrados; asimismo señalaba las atribuciones de dicha Sala.

Es importante señalar que el criterio de la Corte para anular los citados decretos, se basó en que los mismos fueron emitidos con anticipación a la promulgación de las Leyes Generales del Sistema Nacional Anticorrupción, en contravención a lo dispuesto por el Artículo Cuarto Transitorio del Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan Diversas Disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de mayo de 2015, que condicionaba a las Entidades Federativas a expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas correspondientes, dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor de las Leyes Generales del Sistema Nacional Anticorrupción. La sentencia sólo fue en dicho sentido, sin entrar al estudio de fondo de los referidos Decretos.

Por tal razón, y al estar vigentes en este momento las Leyes Generales del Sistema Nacional Anticorrupción, por haber sido publicadas el 18 de julio del año 2016 en el Diario Oficial de la Federación, el H. Congreso del Estado cuenta con un término de 180 días contados a partir de esa fecha, para legislar en materia anticorrupción, lo cual se puede hacer sin ninguna limitación, incluso se pueden tomar como base los Decretos que nos ocupan y hacer un análisis comparativo de los mismos contra las reformas a nivel federal, y en su caso, formular la homologación respectiva.

Que tengan un excelente inicio de semana.

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