No obstante los diversos “esfuerzos” en materia de transparencia, acceso a la información, fiscalización superior, control de recursos públicos, rendición de cuentas, entre otros, soy un convencido de que dichas acciones resultan ineficientes mientras no exista una aplicación y cumplimiento cabal de la ley, sin distingo de persona alguna, que sea perceptible por la ciudadanía y que finalice con la imposición de sanciones a los responsables.
La creación de mecanismos de prevención de actos de corrupción, resultarán imperceptibles hasta que no se obtenga resultados tangibles y mesurables que demuestren su correcta implementación.
En ese sentido, me resulta claro que todos esos esfuerzos de integridad institucional en contra de la corrupción deben ir de la mano de perfiles humanos capaces, profesionales, con experiencia en la materia, pero sobre todo con una serie de valores como la ética, honradez, integridad, imparcialidad, lealtad y honestidad, entre otros.
Esos valores se traen desde el hogar, desde la familia, no se aprenden a través de campañas institucionales, las cuales ciertamente refuerzan dichos valores; sin embargo. considero que, hablando de un servidor público, si comulga con estos valores, sin duda, buscará fortalecer su desempeño rodeándose de personas con esos mismos valores y con esa misma noción del servicio público, siempre en beneficio de los ciudadanos.
Sin duda, en algún momento hemos escuchado esa frase común que alude al hecho de que «para que exista corrupción, debe haber uno que ofrezca y otro que acepte», lo cual es cierto. Pero concretamente en el sector gubernamental, ante un acto de corrupción entre un servidor público y un particular, la principal responsabilidad recae en el primero, quien tiene la obligación moral y legal de conducirse de una manera intachable, lo cual, no resulta cierto en muchos casos, como en el caso específico de las licitaciones públicas.
Es ahí donde, reitero, cobran valía esos valores éticos que debe tener todo servidor público para evitar actos de corrupción y que, si bien es cierto, resulta imposible controlar en cada funcionario público, para eso existen sanciones aplicables a cada caso en particular que no son resultado de este nuevo SNA, pero que tampoco han sido aplicadas en su momento por las instituciones facultadas para ello, derivando en tantos casos de corrupción que han salido a la luz pública y cuyos responsables no han sido sancionados con todo rigor.
Finalizo el presente ensayo compartiendo mi enojo y frustración, al observar el transcurso de administraciones federales y estatales, con sus tres poderes «autónomos»: Ejecutivo, Legislativo y Judicial; en donde el primero de ellos interviene a conveniencia en los otros dos imponiendo servidores públicos a modo, buscando un interés particular muy alejado de su máximo objetivo que resulta ser el bienestar de la ciudadanía.
Ese tan pretencioso SNA, que debe ser replicado en nuestro estado de Veracruz, carece de esa autonomía y lleva un camino de intereses de unos cuantos que pudiera verse reflejado con el nombramiento de los Magistrados que formarán parte del nuevo Tribunal Estatal de Justicia Administrativa o del Fiscal Estatal Anticorrupción.
Es precisamente ahí donde difiero, en el sentido de que la creación de nuevas instituciones públicas, sin servidores públicos éticos, honrados, íntegros, imparciales, honestos, entre otros valores institucionales que debe tener y se deben de fortalecer, seguirán siendo focos de corrupción al amparo de quienes ostentan un poder prestado por un determinado tiempo.
Conclusiones
México se encuentra en un momento crítico en materia de corrupción que ha permeado en las instituciones públicas y se ve reflejado en la poca o nula inversión que otros países pudieran realizar en él.
La corrupción avanza ante la falta de acciones que castiguen la impunidad y en donde la rendición de cuentas es una falacia ante el amparo de quienes ostentan el poder, en un país donde las autoridades encargadas de investigar y procurar justicia no lo hacen.
Existe un largo camino por recorrer en un esfuerzo en conjunto de las instituciones públicas, la iniciativa privada y los ciudadanos, para erradicar de fondo este mal que permite a unos cuantos acumular riquezas y a otros hundirlos en la pobreza.
Como servidor público, el reto de hacer mejor las cosas es diario. El reto de preparase es continuo. El reto de adquirir la confianza de los ciudadanos no descansa. El reto de hacerle ver a todo servidor público que «el que no tranza sí avanza» está presente en todo momento.
Los índices de corrupción que puntean en nuestro país no dan lugar al mañana, este nuevo SNA -Sistema Estatal Anticorrupción- tiene la obligación de enviar un mensaje contundente a los servidores públicos, particulares y ciudadanos de cero tolerancia a la corrupción.
Las Secretarías, los Órganos Internos de Control, la ASF y los Tribunales (en su nivel federal y con su debida replica a nivel estatal), así como la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, con la facultad que le otorga Ley General de Responsabilidades Administrativas, con sus debidas limitantes consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tienen la encomienda de aplicar a cabalidad esa facultad de investigar, substanciar y, en su caso, imponer sanciones.
Si su actuar gira entorno a la aplicación integra de la ley, será un gran paso en el combate a la corrupción; de lo contrario, y como bien lo apuntaba el historiador romano Cornelio Tácito, serán más leyes creadas para un país más corrupto.